Ayer se aprobó la nueva ley hipotecaria que desde este lunes ya estar en vigor después de tres años de retraso del plazo impuesto por la Comisión Europea. Pero ¿Quienes son los principales afectados por las modificaciones? Los consumidores, los bancos y los notarios. La nueva ley obliga a las entidades a asumir los gastos de notaría, gestora y registro, lo que va a permitir un ahorro para los clientes de unos 500 a 1000€.
Con la nueva legislación, pretenden que las entidades y los notarios sean mas transparentes con el cliente a la hora de firmar su hipoteca. El consumidor se libra de pagar ciertos gastos por lo que se reducen ciertas comisiones. Aunque los bancos tendrán nuevos costes y tendrán que ser más rigurosos, asimismo ellos se encargarán de todos los gastos hipotecarios menos de la tasación del inmueble. Las cláusulas suelo se habían fijado en un tipo de interés mínimo en los préstamos tipo variable. Con la nueva ley, estas quedan erradicadas, aunque el interés mínimo que cobrará el banco es del 0% y no va a ser nunca negativo por mucho que se caiga la tasa de referencia.
Los bancos darán 10 días para analizar la información antes de firmarlos y tienen que ofrecer la ficha estándar para que los clientes puedan comprar fácilmente las condiciones hipotecarias. Asimismo le atribuyen al notario, la función de asesorar imparcialmente y gratis al consumidor, le tendrá que aclarar todas las dudas y comprobar que el contrato esté correcto y sea transparente.
La nueva ley solo se aplica a las nuevas hipotecas, en caso de que se quiera cancelar la hipoteca antes de tiempo se producen dos situaciones:
1- Si se produce en la primera mitad del préstamo, se admite el vencimiento ante el impago del 3% o, si ha acumulado 12 meses.
2- Si se produce en la segunda mitad del préstamo, se admite el vencimiento ante el impago si supera el 7% del capital concedido o, si supera al menos 15 mensualidades.
El objetivo principal es garantizar la protección a los consumidores cuando éstos acuden a por un préstamo. Pretenden asegurar que los consumidores entiendan los contratos firmados y no se exponen a cláusulas abusivas con gastos extras e intereses de demora.
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