La nueva ley de alquiler aprobada por el Gobierno
- Irina
- 11 mar 2019
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 16 may 2019
El pasado miércoles 6 de marzo entró en vigor el nuevo decreto de medidas urgentes en materia de alquiler. Éstas limitan las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los nuevos contratos. Su objetivo principal es controlar los precios y las condiciones de las viviendas en alquiler de España.
Incluyen prácticamente todas las medidas del decreto posterior, aunque existen ciertos cambios notables, como el incremento en la duración de contratos que pasa de 3 a 5 años; la subida de las rentas anuales quedan ancladas al IPC y se ha creado un índice de precios de vivienda.
Hemos resumido los puntos mas importantes del nuevo decreto por partes.
Contratos
- Ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años. Además, se ampliará la prórroga tácita de 1 a 3 años para personas físicas cuando el arrendador no manifiesten su voluntad de renovarlo. O, 7 años si el arrendador es persona jurídica.
- La subida de la renta va ligada al IPC mientras dure el contrato.
- El límite de renta de garantías adicionales a la fianza es de 2 meses.
- Cuando el arrendador no quiera renovar, debe comunicar con el inquilino con 4 meses de antelación. En el caso contrario, se debe comunicar con 2 meses de antelación.
- Si hay acuerdo entre propietario e inquilino se podrán realizar obras de mejora de la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato.Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, siempre que sea una persona jurídica.
- Se ha incorporado el índice estatal de referencia del alquiler de viviendas, donde las comunidades autónomas pueden definir sus propios índices y así, poderlos aplicar para sus políticas de viviendas, con cara a los incentivos fiscales. Se establecerá en un plazo de 8 meses y lo publicara el Ministerio de Fomento. Incluyendo la información de la Agencia Tributaria, notarios, etc.
Beneficios fiscales
- Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Es decir, se trata de una bonificación para el particular que cuenta con una vivienda de protección oficial y que decide ponerla en alquiler, pero a un precio limitado por el Ayuntamiento o la CCAA correspondiente.
- Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente. Es decir, se elimina el pago del ITP por parte del inquilino en cualquier CCAA.
Vivienda turística
- Queda anulada la regulación, al ser una actividad económica. Aunque, si tres quintas partes de los propietarios están a favor, pueden realizar acuerdos que limiten el alquiler turístico de una vivienda aportando una mayor contribución que puede llegar a ser un 20% más alta que la regular.
Desahucio
- En el momento que un juez ordena el desahucio, éste debe avisar a los servicios sociales especificando la fecha y hora exacta y, además para valorar la situación de vulnerabilidad del inquilino (personas con discapacidad, menores de edad o mayores de 65 años). Éste se interrumpirá en un plazo de 1 mes, si el propietario es particular o bien en un plazo de 3 meses, si es una persona jurídica.
Con esta nueva regulación, ya van 3 cambios en los últimos 4 meses. Aunque el Gobierno reconoció que estas medidas son insuficientes, se aprobó en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las cortes con el objetivo de establecer medidas fiscales tanto para estimular la oferta como para habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler y eliminar el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual. ¿Y tú qué opinas sobre este nuevo decreto? ¿Crees que las medidas del Gobierno ayudan o es innecesario tanto cambio en menos de 1 año?
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